Asociación Española de Municipios de Montaña
Las zonas de montaña representan una realidad geográfica y socioeconómica claramente diferenciada. Una realidad frecuentemente olvidada que, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, no cuenta ni con instrumentos jurídicos, ni económicos para afrontar los retos que exige el desarrollo de estos territorios y de los ciudadanos que habitan en ellos.
Ante esta situación, los responsables políticos y en especial los alcaldes de estos municipios, conscientes de la importante cita electoral del próximo 20 de diciembre, hacen una llamada a los futuros diputados y senadores, así como al Gobierno de España que surja de estos comicios, para que se establezcan las medidas necesarias para evitar que los pueblos de montaña sigan languideciendo y desapareciendo, sin que esta dramática situación tenga una contundente respuesta de las administraciones públicas.

Las zonas de montaña tienen una función altamente trascendente para el conjunto del Estado porque de la gestión de estos territorios dependen factores fundamentales para el conjunto de la sociedad. No debemos olvidar que, una parte importante de la energía renovable, de los alimentos, o del actual mosaico de nuestros paisajes de donde surge la biodiversidad son posibles gracias a unas comunidades que viven y preservan la vida de estos valles. Pero vivir en las zonas de montaña no puede ser sinónimo de discriminación, ni en la calidad de vida de las personas, por razones de territorialidad.
Por esta razón, los hombres y mujeres que viven en estos territorios, asumiendo en sus labores cotidianas los costes y la dureza de vivir en zonas aisladas, con comunicaciones deficientes y servicios públicos menguados por las condiciones del territorio y ahora también por la crisis reclaman, de una vez por todas, una política de estado y una política europea para las zonas de montaña. Una política que establezca instrumentos específicos
capaces de responder a las necesidades de estos territorios, aplicando una ingeniería territorial capaz de atender la diversidad para dar respuestas eficaces a los retos de desarrollo y conservación de estos espacios.
Por esta razón, resulta absolutamente urgente un reconocimiento de los espacios de montaña que permita el desarrollo de políticas específicas en estas zonas, que a nuestro entender, debe de iniciarse con el desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española, con el fin de articular un marco que priorice las políticas públicas y coordine una acción concertada de las administraciones públicas con el objetivo de paliar los procesos de despoblación y la degradación de estos amplios espacios territoriales.
Somos conscientes de la enorme dificultad que representa este reto, pero sabemos también, que de no actuar con prontitud, el resultado será catastrófico para el conjunto de nuestra sociedad. Gestionar el territorio, evitar los incendios forestales, elaborar nuevas propuestas innovadoras capaces de recuperar oportunidades frente al desempleo, impulsar nuevos modelos de desarrollo sostenible y, en definitiva, un futuro para los jóvenes que quieran vivir en el mundo rural, requiere de una nueva mirada sobre el territorio. Una mirada que desde la responsabilidad y la conciencia crítica, sepa ver, también, los valores y las oportunidades que representan las montañas para el conjunto de la sociedad.
Por todo ello, y reconociendo el importante paso que han significado las conclusiones de la Comisión Especial del Senado sobre la despoblación en las zonas de montaña, hoy reclamamos, para la próxima legislatura, el desarrollo de las medidas contenidas en estas conclusiones y, en definitiva, una política específica y concreta para estas zonas de montaña que ayude a las administraciones locales a mantener su población y a aspirar al legítimo progreso de sus pueblos y de sus ciudadanos en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades.
Una montaña viva es una garantía de bienestar y de futuro para el conjunto de nuestro país, por ello, instamos al conjunto de los partidos políticos y a los candidatos que en sus programas tengan en cuenta las zonas de montaña y a sus gentes, desarrollando las medidas necesarias para garantizar el futuro de sus pueblos, preservando sus valores naturales, su cultura y el patrimonio que representan nuestras montañas para el conjunto de nuestra sociedad.