La Asociación Española de Municipios de Montaña ha acordado en la última reunión de su Comisión Ejecutiva el impulso de una moción entre los ayuntamientos de estos territorios para instar al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas a que el Acuerdo Marco de la Política Agraria Común recoja medidas específicas para dotar presupuestariamente y en base al 5% del sobre nacional, tal y como permite la distribución de los fondos de la PAC, a los agricultores y ganaderos situados en zonas de montaña.
Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país, ya que hasta ahora no se había ni utilizado ni reivindicado de forma específica la utilización de estas ayudas a los agricultores y ganaderos de estas zonas, en base a este 5% de recursos disponibles en el sobre nacional. Una situación que contrasta con lo que ocurre en países como Francia, que destinan el 15% de las aportaciones europeas para evitar la despoblación y el abandono de estas zonas. Por este motivo, la Asociación Española de Municipios de Montaña ha visto necesario promover esta acción con la intención de sensibilizar a las Administraciones que gestionan estos fondos de una necesaria y contundente actuación que evite el proceso de despoblación y abandono de estas zonas. La moción recuerda que en estos últimos años la pérdida de habitantes de estas zonas ha alcanzado un 21% que, en algunos municipios, puede llegar hasta el 50%.
La falta de políticas específicas para estas zonas, especialmente en el conjunto del Estado Español, donde no existe ningún marco de actuación legislativo, pone en evidencia la necesidad de una rectificación respecto de las zonas de montaña. La situación del mundo rural, pero en especial de las zonas de montaña tras el paso de la crisis, puede ser desoladora si no hay políticas de atención específica para contrarrestar las dificultades orográficas y climáticas de estos espacios que, cabe recordar, ocupan el 34% del territorio español.
La Asociación advierte que entre 1997 y 2005 el número de explotaciones en zonas desfavorecidas de montaña en España se redujo un 23% según Eurostat, frente al 2% en zonas no desfavorecidas.
La Asociación quiere así concienciar a las instancias gubernamentales, legislativas, administrativas, pero también a la sociedad española en su conjunto que la preservación de las zonas de montaña de nuestro país «requieren marcos legales capaces de proteger y facilitar las actividades económicas relacionadas con la gestión del territorio y con capacidad para generar puestos de trabajo» para garantizar la presencia de pueblos y comunidades vivas que garanticen la biodiversidad y protejan el patrimonio que guardan las montañas para el conjunto de la sociedad.