Desde este Sindicato (Colectivo Profesional de Policía Municipal) y siendo conocedores, denunciamos públicamente la caótica situación de la policia local de Guadalix de la Sierra. Dicha policía se encuentra en unas inaceptables condiciones laborales y lo peor de todo es que el alcalde no solo no hace nada por solventar la situación, sino que mantiene con ellos un evidente desprecio que se ve reflejado en la relación y gestión de dicho cuerpo policial.
La policía local se encuentra con deficiencias que, al tratarse de un cuerpo armado, deben ser solventadas necesariamente. En primer lugar, y siendo de obligado cumplimiento por ley, carecen de un mando responsable del servicio, que organice, dirija y controle los servicios de policía. Gestione las necesidades de los agentes en cuanto a medios, material y dotación necesaria, para realizar adecuadamente sus funciones de seguridad pública. Siendo plenamente conocedor el equipo de gobierno de esta situación.
En segundo lugar, carecen de un mínimo de organización y por tanto al carecer de mando, los servicios de policía se desarrollan en función del principio del «buen hacer» por parte de los agentes de policía. No existe protocolo alguno que establezca un mínimo de organización o de criterios de actuación, algo básico en un grupo de personas armadas. No hay planificación correcta acorde entre el número de agentes y las pretensiones del ayuntamiento. La plantilla es mínima y por tanto no se puede dar una cobertura diaria adecuada, quedándose el municipio en numerosas ocasiones sin servicio de policía.
En tercer lugar, carecen de acuerdo de condiciones laborales mediante el que establecer los criterios de servicios, los horarios, jornadas, compensaciones económicas, cambios de turno, etc. A si mismo carecen de reglamente de policía, obligado por ley, básico en una organización para ser conocedores del procedimiento sobre prestación del servicio de policía, uniformidad, etc.
En cuarto lugar, el descontento de los policías se agudiza al ser conocedores de que el alcalde no ejecuta una moción aprobada por mayoría en pleno del día 16 de noviembre de 2018, mediante la que se obligaba a cumplir con la legalidad vigente, de la actual Ley de Coordinación, debiendo integrar a los policías locales en el subgrupo C1 con efecto económico desde abril del 2018. En este sentido, el señor alcalde manifestó que «no considero esta ley como justa…» (sic) y como estima que no es justa no la aplica a pesar de haber sido aprobada por mayoría en el pleno:
ACTA DE LA SESION PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
ACUERDA (13 asistentes,: 9 a favor, y 4 abstenciones) «APLICAR de forma inmediata la regularización de categoría profesional y retributiva si procede, a todos los policías locales del municipio que cumplan con los requisitos necesarios para la aplicación de esta medida, y se haga de manera retroactiva desde la entrada en vigor de la ley 1/2018.» (sic)

Esta inacción, por su parte, no está exenta de posible demanda por responsabilidad civil y patrimonial debido a que su proceder cercena la posible movilidad de los agentes, su carrera profesional y sus retribuciones económicas, sin más motivación que la dilación por parte del señor alcalde en cumplir la ley de forma «inmediata» como el propio acuerdo plenario le obliga.