José Manuel de las Heras, coordinador estatal de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y Jaime Haddad, subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se han reunido para valorar cuestiones de ámbito ordinario como la reciente rebaja de módulos para la renta de este año a agricultores y ganaderos.
Unión de Uniones ha valorado el paso dado recientemente por la Administración para paliar los efectos de las situaciones excepcionales que se han dado en el sector y ha reconocido que el esfuerzo realizado responde en parte a las peticiones de la organización, pero continúa manifestando su preocupación por algunos aspectos que aún deben abordarse.
En este sentido, la organización ha solicitado al subsecretario que el Ministerio continúe trabajando para corregir los desequilibrios actuales existentes en la reducción de IRPF de los módulos, ya que las demandas de algunos sectores y áreas productivas han quedado desatendidas. Este es el caso de los agricultores de Castilla y León, Valencia y Cataluña, donde las reducciones fiscales establecidas han creado agravios comparativos según el término municipal en el que se encuentran las explotaciones, cuando las circunstancias excepcionales han tenido similares consecuencias. Igualmente algunos sectores como el de fruta dulce o cunícola hubieran necesitado de un tratamiento más favorable, debido a las crisis de precios que arrastran.
Unión de Uniones, por otra parte, ha puesto el acento en que se ha perdido toda la legislatura sin que los agricultores y ganaderos hayan podido elegir mediante las urnas a sus representantes en los órganos de interlocución, incumpliendo el compromiso que el Ministerio asumió al inicio de la misma. La organización no ha dejado pasar la oportunidad para reiterar nuevamente la necesidad de democratizar la representatividad agraria, para asegurar que la defensa de intereses de los agricultores y ganaderos se canaliza a través de quienes ellos realmente decidan.
La organización ha subrayado también al Subsecretario de Agricultura su responsabilidad en la garantía de que el movimiento interprofesional responde a la representatividad exigida por las normativas europea y estatal y a las necesidades de los sectores. Dado el protagonismo que las organizaciones interprofesionales pueden tener en la gestión del mercado y considerando que el Ministerio las autoriza a recaudar de los sectores y a administrar un montante de unos 21 millones de euros anuales, debería despejarse cualquier duda sobre la legalidad de su composición y de las decisiones que adoptan. La Unión de Uniones opina que no solo no se cumple esta condición, sino que, además, las interprofesionales, en términos generales, no están sirviendo en absoluto para mejorar la transparencia de los mercados, ni para abrir nuevos canales de comercialización, ni, particularmente, para que exista un reparto más equilibrado y beneficioso para los productores del valor añadido a lo largo de la cadena. Por lo tanto, la organización llegará a las instancias que estime conveniente para defender el derecho de los agricultores y ganaderos a contar con interprofesionales eficaces y con todas las garantías legales de constitución y funcionamiento.
Unión de Uniones ha recordado al Ministerio de Agricultura la caída de la inversión pública en materia de agricultura y desarrollo rural que se ha puesto de manifiesto en estos años en los presupuestos de este Departamento, con una reducción desde 2009 de casi el 26% de los gastos operativos, incluyendo las transferencias de la Unión Europea, y de cerca del 60 % si se habla de recursos aportados exclusivamente por el Estado. La organización le ha pedido al Subsecretario una planificación presupuestaria que permita recuperar los niveles de esfuerzo público en el sector agrario en los próximos años y, además y entre otros objetivos, evitar que se pierda dinero de los Fondos Europeos por responder suficientemente al porcentaje de cofinanciación que corresponde al Estado español.
En este sentido, la Unión de Uniones ha criticado que en la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural 2007/2015, que se cerraron el año pasado, se hayan desaprovechado del orden de 370 millones de euros del FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural) que la Unión Europea había puesto a disposición de España y que, al final, no se han utilizado porque ha habido comunidades autónomas que no han cumplido sus compromisos de financiación. La organización encuentra injustificable dejar perder todo este dinero para el sector agrario, porque con una adecuada previsión podría haber ido a mejorar las explotaciones agrarias, incorporar jóvenes a las explotaciones, medidas agroambientales, mejoras de comercialización, etc. La organización considera que este hecho no debe repetirse en los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que ahora se están poniendo en marcha, para lo cual la planificación presupuestaria exigida al Ministerio debe pactarse igualmente con las comunidades autónomas y hacer que funcione el sistema de vasos comunicantes entre regiones que permita redistribuir fondos cuando se corra el riesgo de perderlos.