Diversos colectivos han remitido un informe a la oficina del Defensor del Pueblo solicitando su intervención, ante la Consejería de Medio Ambiente, para que se esta Administración revise la gestión que lleva a cabo en los ríos madrileños y aplique criterios científicos y de conservación que permita recuperar el patrimonio público fluvial, entregado en estos momentos a sociedades privadas de pescadores. Los tramos mejor conservados de los ríos madrileños se siguen utilizando para efectuar sueltas de grandes cantidades de truchas alóctonas, de origen comercial que están contribuyendo a la desaparición de los últimos ejemplares de las truchas salvajes.
En la Comunidad de Madrid las sueltas de truchas comerciales, ajenas a nuestras aguas, es una práctica habitual desde hace décadas, y está causando graves daños a la vida silvestre. Estas sueltas de peces vulneran una densa legislación ambiental que prohíbe y previene contra la introducción de especies exóticas. La Comunidad de Madrid ni siquiera respeta la obligación legal de someter a evaluación ambiental este tipo de intervenciones sobre el medio acuático.
En la Comunidad de Madrid hay un total de 13 cotos trucheros, en 11 de los cuales se sueltan todos los años miles de kilos de truchas ajenas a sus aguas (más de 70.000 kgs. en 2011). Este uso intensivo de los ríos como piscinas para uso intensivo de una pesca extractiva (se paga un permiso que da derecho a la extracción de un número de peces), es una práctica en regresión desde hace tiempo en nuestro país. Sólo la Comunidad de Madrid mantiene este alto porcentaje de cotos de pesca intensiva y en tramos donde las poblaciones salvajes de trucha podrían recuperar sus poblaciones.
La mayor parte de estos escenarios forman parte de espacios protegidos, parques regionales, nacionales (Guadarrama), Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000, etc., donde están presentes especies protegidas, incluso peces declarados «en peligro de extinción» por la legislación regional. Una elemental medida de prudencia debería haber puesto fin desde hace tiempo a esta peligrosa práctica.
Agredir de esta manera a los ríos madrileños es además muy costoso para los madrileños, que sufragan en parte estos cotos y el coste de las sueltas de peces, consumiendo para este fin la mayor parte de los recursos destinados a la conservación de flora y fauna en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Así, en 2012 los 313.000 euros previstos para comprar truchas de granja contrastaban con los 50.000 destinados a la conservación del águila imperial, los 10.000 al halcón peregrino o el buitre negro, especies en riesgo de desaparición en nuestra Comunidad. La gestión de estos tramos del patrimonio público fluvial está en manos de entidades privadas de pescadores mediante conciertos que no son de conocimiento público, al igual que los pliegos de condiciones, y que se renuevan de manera automática desde hace largo tiempo sin ningún cambio.
Colectivos ecologistas, de pescadores, científicos, etc. solicitan en un extenso informe la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo para que la Consejería de Medio Ambiente lleve a cabo algunas elementales medidas: poner fin a las sueltas de peces en tramos de cabecera de los ríos, trasladar los cotos intensivos a entornos cerrados (lagunas de graveras, por ejemplo), abordar un plan de recuperación fluvial, especialmente de las trucha común salvaje, y recuperar la gestión pública de las aguas y los aprovechamientos piscícolas.

SUSCRIBEN ESTE COMUNICADO LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS (por orden alfabético): AEMS-Ríos con Vida, Asociación Ecologista del Jarama «El Soto», ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), Jarama Vivo, Red Ciudadana

Informe remitido a la oficina del Defensor del Pueblo en: http://www.elsoto.org/comunicados/Quejadefensor-del-pueblo.pdf
Documentación anexa del informe en: http://www.elsoto.org/comunicados/Queja documentacionanexa. pdf