Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte

El pasado 29 de Noviembre se aprobaba en el congreso de los diputados, el decreto por el cual se establece una moratoria de dos años en los desahucios de las familias que cumplan una serie de condiciones, y a las que se denomina de mayor vulnerabilidad. Esta medida, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y gran parte de los analistas consultados, será un parche más, de la misma forma que lo fue el «código de buenas prácticas», medida voluntaria que algunas entidades financieras suscribieron.

En el estado español y desde 2008, momento en el que comienza la crisis económica, se han producido entorno a unos 450.000 desahucios, según los datos del CGPJ. Y en lo que va de año la cifra se dispara considerablemente, suponiendo hasta 94.502 desalojos en el primer semestre de este año. Una media de 526 desahucios al día. Un incremento de algo más del 21% con respecto al año 2011.

Solamente en la Comunidad de Madrid, se producen 80 desahucios diarios, circunstancia que no sólo afecta a los más débiles, sino a la clase media, debido a la perdida del empleo. Con una tasa de paro del 25% y las perspectivas de que siga creciendo, frenar estas dinámicas parece cuando menos poco probable.

Aunque las cifras son escalofriantes, detrás de los números y los datos, se esconden verdaderos dramas humanos. Historias desposeídas de derechos básicos, familias abocadas las más de las veces a un camino sin retorno.
Es el caso de Gema y de Teresa. Las dos viven en Torrelaguna, un municipio de la sierra madrileña. Las dos tienen dos niños menores. Y las dos enfrentan solas una situación desesperada al no tener una pareja que les apoye en la difícil tarea de sacar a los hijos adelante.
Son madres coraje. Valientes, aguerridas, sin escatimar nunca una sonrisa, sin dejarse vencer. Sus ojeras delatan las noches de insomnio y las heridas en los labios cuantas veces apretaron mucho los dientes. Pero cada mañana se inventan de nuevo. Enfrentan el porvenir en el empeño de conquistar para sus hijos un futuro mejor. Y no se permiten una lágrima delante de ellos. No flaquean, no doblan las rodillas, aunque a veces su alma herida se tambalee al ritmo de la ansiedad. Han aprendido a disimular y a levantarse. Han rescatado la solidaridad para apoyarse y por eso forman parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte de Madrid y colaboran en otros casos.
Por las peculiaridades de la moratoria, Gema si cumpliría varios de los requisitos, pero Teresa no. Sus hijos son menores pero tienen más de tres años. Una circunstancia difícil de entender según los afectados. Además, apuntan, «los intereses de demora siguen corriendo». Lo que hace que cada día que pasa, sea más inviable poder solucionar el problema más adelante.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte, «es significativo que de los casos de suicidio por desahucio que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas, ninguno podría acogerse al decreto». De la misma forma «el decreto anuncia la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler que se nutriría de las viviendas de familias desalojadas ya en poder de las entidades financieras, pero nada se concreta al respecto. Se hace el anuncio, pero no se dice ni cuántas, ni cuando, ni cómo se crearía ese parque de vivienda social.»
Gema y Teresa piden el apoyo de los vecinos y de las instituciones de Torrelaguna. Saben que en otras localidades la intervención de los poderes públicos ha sido determinante para evitar la tragedia. En Colmenar Viejo, por ejemplo, el alcalde del PP, contribuyó con su gestión a paralizar el desalojo de una familia.
El responsable de ambas ejecuciones hipotecarias es el Banco de Sabadell de la localidad. Una entidad financiera que se jacta de no haber desalojado a ninguna familia, pero que no da soluciones viables a Gema y a Teresa y continúa adelante con el proceso de ejecución hipotecaria.
Según la plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte, junto con la Asamblea popular del 15M de Torrelaguna, el Ayuntamiento de la localidad tiene cuentas en la entidad, por lo que han propuesto al Ayuntamiento, que utilice esta circunstancia para evitar los desalojos como ya han hecho otras localidades de distinto signo político.