El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite recurso del Gobierno central y también el presentado por el PSOE en Madrid contra el artículo 2 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que implantó el euro por receta desde principios de este año. La decisión conlleva dejar en suspenso el cobro del gravamen mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, algo que hizo de forma inmediata la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el gobierno madrileño del Partido Popular no tiene intención de devolver lo cobrado hasta el momento. Además, y a pesar de que la medida tenía el objetivo de disminuir el número de recetas, y no de recaudación, el consejero de Sanidad, también anuncio que se retocaría otras partidas presupuestarias para compensar su eliminación.
Esta medida no gozaba de simpatía en casi ningún sector de la sociedad. Tanto el sector médico como las asociaciones de consumo habían instado a los pacientes a practicar la insumisión a la norma, llegándose a registrar hasta un 50% de negativas en muchas farmacias, a pesar de el elevado número de impresos que había que rellenar.
Por su parte, el colectivo de farmacéuticos también han mostrado su satisfacción; no cabe duda que la medida les había generado numerosas molestias, así como un trabajo extra.
El PSOE demandará a Ignacio González
Los socialistas, por su parte, demandarán a Ignacio González por responsabilidad patrimonial y por prevaricación, al haber impuesto una medida a sabiendas de que era injusta. «No se puede hacer daño gratuitamente a la gente. Imponer el euro por receta es hacer daño gratuito a la gente a miles de familias que han tenido que pagar durante estos días, muchas de ellas sin recursos, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional iba a tirar para atrás semejante dislate». Así se manifestaba en la Asamblea de Madrid el Secretario General del PSM, Tomás Gómez.
«Exigimos la devolución del euro por receta que han pagado miles de madrileños en estos días en los que ha estado vigente esta imposición claramente inconstitucional», ha subrayado el también portavoz socialista en el Parlamento regional, quien ha añadido que será ahora, a partir de la suspensión del euro por receta, cuando su formación interpondrá contra Ignacio González dos demandas: una por responsabilidad patrimonial – «porque hay gastos que han sufragado los madrileños de su maltrecho bolsillo, para implantar esta medida que (González) sabía que era inconstitucional- para que devuelva «de su bolsillo» lo pagado por los ciudadanos, y otra por prevaricación «porque sabiendo que era inconstitucional se ha empeñado en imponerlo».