• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo. 

Las organizaciones expresan su solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios forestales que están castigando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego. Recuerdan también el enorme impacto que estos fenómenos tienen sobre la fauna, animales y ecosistemas que pueden tardar siglos en recuperarse. 

Según las entidades, aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico.  

Las organizaciones destacan que la sociedad española demuestra una gran capacidad de solidaridad durante las catástrofes, pero advierten de que esa unidad no puede limitarse a los momentos de crisis y consideran necesario transformar esa respuesta colectiva en un compromiso político y social permanente que permita anticiparse a los riesgos, reducir sus impactos y proteger especialmente a las personas más vulnerables. 

Subrayan además que la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud. En 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada, según el Ministerio de Sanidad, alcanzó las 27.564 personas fallecidas.  

Las organizaciones ecologistas valoran positivamente la propuesta de Pacto de Estado, algo que vienen reclamando varias legislaturas. Al mismo tiempo, insisten en que estarán vigilantes para que el pacto se traduzca en compromisos concretos: objetivos verificables, calendarios de aplicación, financiación suficiente, coordinación entre administraciones, evaluación periódica de resultados y mecanismos estables de participación pública.  

También celebran el anuncio de la creación de un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, destinado a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y aportar conocimiento independiente para la toma de decisiones. Consideran imprescindible que este órgano actúe con plena autonomía y permita desarrollar de forma efectiva el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en la Ley de Cambio Climático, garantizando una evaluación rigurosa y periódica de las políticas climáticas. Es necesario que este organismo se coordine con el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ya creado, y evitar la proliferación de nuevos organismos sin presupuesto.  

Las organizaciones ecologistas recuerdan que la emergencia climática no puede abordarse de forma aislada, ya que está estrechamente vinculada con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y defienden que proteger y restaurar bosques, ríos, humedales, costas y suelos aumenta la capacidad del territorio para resistir olas de calor, inundaciones, sequías e incendios. Por ello, reclaman políticas integradas que impulsen la restauración ecológica, reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, reviertan el abandono rural y aceleren una transición energética justa y respetuosa con la naturaleza. 

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan a todas las instituciones y actores sociales a participar de forma constructiva en el diseño y puesta en marcha de planes contra el impacto del cambio climático que permitan limitar las condiciones para la propagación de grandes incendios forestales. 

Las organizaciones ecologistas sostienen que España necesita un acuerdo global capaz de trascender gobiernos, legislaturas y diferencias políticas para ofrecer una respuesta estable a una crisis que afecta a todo el territorio. Cada décima de grado de calentamiento evitada, cada ecosistema restaurado y cada medida de prevención puesta en marcha contribuyen a proteger vidas, reducir riesgos y reforzar la seguridad colectiva.