La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha exigido al Gobierno de Ignacio González no sólo que paralice «cualquier intención privatizadora» en el Canal de Isabel II, sino también que modifique las actuaciones en lo que tiene que ver con las tarifas -«mejor dicho tarifazos», matizaba- que pagan los madrileños.
«Le exijo que pare cualquier intento de privatización del Canal. Ni venta de acciones, ni bonos porque a seis meses de elecciones y con un recursos de inconstitucionalidad sería antidemocrático», ha espetado Valcarce, dirigiéndose a Salvador Victoria, durante la sesión de control al Gobierno del Pleno regional donde ha preguntado por la valoración que el Ejecutivo madrileño hace de la situación del Canal de Isabel II.
La parlamentaria socialista ha reprochado al consejero de presidencia que «hay muchos madrileños que no pueden pagar un bien esencial como es el agua y esto es lo que no resuelve su Gobierno». En este sentido, ha exigido a Victoria que «no mienta» cuando desde la Comunidad anuncian rebajas en el recibo del agua beneficiosas para los madrileños «porque un recorte del 0,1% en el recibo del agua no es ningún beneficio». Tal y como ha explicado con gráfica en mano la diputada del PSM, las facturas solo bajarán una media de un céntimo y medio al mes y esto no es rebaja. «No nos tome el pelo», reprochaba Valcarce, antes de criticar que tampoco existe tarifa social en la Comunidad de Madrid.
«No es verdad que haya tarifa social», lamentaba la dirigente socialista, quien recordaba que el gobierno de Ignacio González sigue cortando el agua a los más vulnerables, más de 7.400 madrileños en lo que va de año. Por ello ha reclamado moratoria para no cortar el agua a los madrileños que no pueden pagar éste bien de primera necesidad, del mismo modo que ha exigido un incremento en el número de beneficiarios de la tarifa bonificada ya que sólo hay 1.177 contratos bonificados a los que se destinan 82.000 euros, «pero sí dedican 4,6 millones a publicidad».
Por otra parte, Valcarce también ha cuestionado que siendo el Canal una empresa pública rentable, el Ejecutivo autonómico escatime en salarios de sus empleados (algunos apenas llegan a los 800 euros) y promueva contratos basura. «Es inadmisible que más del 70% de los contratos sean temporales y de éstos, la mitad en prácticas», mientras «unos pocos» amigos del PP observan una subida en sus retribuciones como consejeros o son recolocados en el Canal haciendo uso de las puertas giratorias, ha criticado.