La Unión de Uniones considera que el Grupo Popular en el Senado ha actuado de parte en defensa de los intereses de las multinacionales que controlan el mercado de las semillas certificadas al aprobar una moción que insta al Gobierno a fomentar su uso, sin proponer medidas para abaratar su coste y haciendo recaer sospechas infundadas sobre otras alternativas de siembra a las que la moción tilda de «clandestinas».

La moción aprobada con los votos únicos del Grupo Popular en el Senado contempla que el Gobierno debe fomentar el uso de la semilla certificada, facilitar su acceso a los agricultores y llevar a cabo una campaña de imagen ante la sociedad sobre las ventajas de la certificación y los riegos de las semillas «clandestinas».
La Unión de Uniones considera que los agricultores conocen perfectamente las ventajas de la utilización de semilla certificada en cuanto a mejoras de rendimiento. No obstante, dado su elevado coste, dichas ventajas son bien distintas en función de la productividad de la zona de la que estamos hablando y, en cualquier caso, ante la situación de volatilidad o depresión de precios que atraviesan muchos sectores agrícolas, el potencial beneficio del aumento de rendimientos no está en absoluto asegurado. Si lo está, sin embargo, el de los obtentores que ya han vendido la semilla cara, antes de conocer cuál será la producción resultante y cómo se cotizará en el mercado.
La organización considera que, en general, los agricultores ya usan la semilla certificada cuando las cuentas de su explotación lo aconsejan y permiten, pero que el Gobierno debería también promover otras alternativas igualmente válidas, que eviten situaciones de abuso derivadas de posiciones de casi monopolio. La Unión de Uniones vería con satisfacción que el dinero que el Senado pide que el Gobierno utilice en campañas de imagen de dudosa efectividad se destine a la investigación en semillas autóctonas y a explorar la opción de los bancos públicos de semillas, en lugar de considerar como sospechosas, de no se sabe muy bien qué, a aquellas semillas que no procedan de la certificación de las multinacionales.
Por lo tanto, la organización considera que el mejor medio de fomentar el uso de semillas certificadas es el abaratamiento de su coste, una política agrícola que coloque los precios a los productores a niveles remunerativos y la puesta en marcha de medidas por parte del Gobierno para facilitar la financiación al sector agrario para capital circulante.
La Unión admite que los trabajos de desarrollo que realizan los obtentores deben ser evidentemente gratificados, pero dicha gratificación no puede perpetuarse, siembra tras siembra, indefinidamente y, por otro lado, en muchos casos los precios de la semilla certificada deben ajustarse, porque se trata de variedades con una larga tradición de uso cuyos costes de investigación, en buena lógica, las empresas deben haber ya amortizado suficientemente.
Esta moción coincide además con la intención del Ministerio de Agricultura de exigir en las nuevas solicitudes de ayudas PAC la identificación de las semillas, certificadas y de reempleo, utilizadas en las explotaciones agrícolas. Dicha exigencia, justificada con fines estadísticos, ha sido rechazada por la Unión de Uniones en las discusiones mantenidas con el Ministerio en relación a los borradores de Reales Decretos que regularan las futuras ayudas PAC.
Por último, la Unión de Uniones aprovecha para señalar al Senado y al Gobierno que si bien todos los intereses legítimos deben ser amparados por los poderes públicos, habría que aquilatar el nivel de prioridades de los problemas y que resulta infinitamente más necesario dedicar medios materiales y personales en cuestiones como la lucha contra los robos en el medio rural y agrario, que a controlar e inspeccionar a los agricultores interrumpiendo las labores de siembra para garantizar que unas pocas multinacionales no se quedan sin cobrar sus royalties.