La Comunidad de Madrid ha decidido autorizar monterías extraordinarias (que se suman a las posibilidades normales del periodo de caza), alegando supuestos “daños de los jabalíes a las praderas”, daños que nadie ha visto y que no están, en modo alguno, acreditados.

La zona esta siendo promocionada a la vez como destino turístico para paseantes y buscadores de setas y como paraíso para los cazadores. Las monterías se van a celebrar en fines de semana y en parajes en que se dan cita no ya decenas sino algunos fines de semana centenares de paseantes, entre ellos muchos niños. Ellos y todos los paseantes y  los excursionistas compartirán espacio con monterías que mueven centenares de perros y escopetas. ¿Es eso lo que queremos? ¿Nada tenemos que decir los vecinos de estos pueblos?

Solo en el último fin de semana de octubre ha habido en Madrid cuatro muertos en relación con el ejercicio de la actividad cinegética.

Se supone que esto es ya un Parque Nacional en que la caza debería estar prohibida pero en realidad se ha demorado DIEZ años la aplicación a este Parque Nacional de las medidas previstas en la Ley para otros parques.

La Comunidad de Madrid es la única de todo el Reino que carece de Ley de Caza. Reclama una competencia exclusiva que luego no ejerce. En estas condiciones, la CAM debería suspender los permisos para las monterías (que iban a comenzar el pasado 16 de noviembre), garantizar que las autorizaciones de caza en este Parque Nacional se establezcan con base en estudios  fiables sobre el estado de las poblaciones de fauna y que si vuelve a autorizarlas después, asegurarse de hacerlo en días, horarios o modos que no pongan en peligro la seguridad de las personas.

Atentamente

Cristina Alvarez Baquerizo