El PSM registra los recursos contenciosos administrativos con el objetivo de frenar la privatización de la sanidad madrileña

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Los socialistas madrileños han presentado sendos recursos contenciosos administrativos, uno ante el TSJM contra la Consejería Sanidad y otro en los juzgados ordinarios contra el SERMAS, exigiendo la suspensión cautelar del desarrollo de los pliegos de privatización de los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía. Dichos recursos se presentan después de que el Secretario General del PSM, Tomás Gómez denunciara las irregularidades detectadas en el proceso que ha iniciado el PP para privatizar estos seis hospitales públicos madrileños, al modificar los pliegos para decretar una rebaja notable de la fianza a aportar por las empresas adjudicatarias, ante la posibilidad de los interesados en hacer negocio no pudieran acreditar solvencia financiera.
Tras el registro del recurso contra la «delictiva» externalización sanitaria en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde han acudido una representación de diputados y dirigentes del PSM, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Freire, ha considerado que la «privatización es ilegítima porque no hay mandato para ello, rebasa normas en que la Comunidad no tiene competencias y se mete con artículos de la Constitución como el que asegura un sistema de Seguridad Social Público».
El parlamentario socialista ha explicado que estos pliegos rebasan lo estipulado por el artículo 62 de La ley 8/2012 que autoriza al gobierno regional a ‘externalizar’ centros sanitarios porque «estos pliegos no sólo privatizan la gestión de los hospitales sino también la caja sanitaria de las poblaciones afectadas», lo que a su juicio tiene graves consecuencias como son la gran desigualdad que generará entre territorios y la introducción de fórmulas económicas «absolutamente insólitas y poco razonables» por las cuales primero el gobierno entrega dinero a los empresarios para que luego, al año siguiente ajusten cuentas los empresarios con el gobierno, lo cual «no puede ser menos que delictivo».
En este sentido, ha señalado Freire, las constantes irregularidades que se conocen sobre el hospital Puerta de Hierro son una muestra de lo que puede avecinarse en el ámbito sanitario si estos pliegos siguen adelante, «una suerte de aperitivo de lo que nos aguarda si entraran empresas no preparadas para gestionar la sanidad madrileña» porque el «negocio» de las compañías que pujan «está en disminuir costes, sin importar la calidad». «No olvidemos que este sistema hace que las empresas gestoras de hospitales se conviertan en aseguradoras y las aseguradoras se conviertan en gestoras de hospitales», ha apostillado.
De la misma manera se pronunciaba la Secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, quien subrayaba que con la presentación de estos recursos su formación política «cumple con lo que hemos dicho que íbamos a hacer desde que se inició este conflicto sanitario, desde que el gobierno de Ignacio González anunció que tenía la intención de privatizar parte de nuestros hospitales». Y éste es «un paso más allá» que se suma a las iniciativas parlamentarias y a través de los municipios que los socialistas madrileños vienen desarrollando desde el pasado mes de octubre porque «no vamos a tolerar que se privatice este derecho que es constitucional, el derecho a la salud de todos», ha añadido.
Oliva ha querido subrayar que tras la publicación de estos pliegos, lejos de que hubiera un importante número de empresas que quisieran optar «hemos visto cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid ha salvado por los pelos a través de una empresa puertorriqueña el hecho de que cada uno de los hospitales pueda tener un ofertante interesado en gestionar nada menos que el derecho a la salud de todos» y esto, a su juicio, demuestra que la lucha contra el proceso privatizador no debe detenerse.
Por eso los dirigentes socialistas han subrayado que el PSM recurrirá a todas las instancias necesarias, del mismo modo que se han sumado a la querella penal interpuesta por AFEM para que «esto termine mal para los que quieren privatizar la Sanidad madrileña».
Al TSJM han acudido, junto con Oliva y Freire, diputados y dirigentes de los territorios madrileños afectados por este proceso de privatización impuesto por el PP de Ignacio González para respaldar esta iniciativa. Así, el diputado Jesús Dionisio destacaba que «Aranjuez ha estado más de 30 años peleando, sus ciudadanos, sus vecinos, por tener un hospital público que les garantizase un derecho como es el derecho a la salud. Pero hoy, tristemente, los ciudadanos de Aranjuez ven como la pasividad y complicidad de los que gobiernan allí (PP) está convirtiendo en negocio la salud de todos los ciudadanos de la comarca…».
Por su parte, Narciso Romero, portavoz y Secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes, ha recordado que en su localidad se cedió una parcela de propiedad municipal para la construcción de un hospital público de gestión directa, tal y como consta en el convenio. «Sin embargo, ahora la Comunidad de Madrid quiere arrebatar a los vecinos de la zona Norte este hospital. Por eso estamos combatiendo con los vecinos y vecinas que expresaron su oposición a la privatización en la consulta popular que se celebró en esta localidad hace pocos días», ha señalado.
La diputada Victoria Moreno destacaba por su parte que el hospital del Sureste, que da servicio a 21 municipios de la zona, es decir, unos 600.000 ciudadanos, se demandó para ofrecer una asistencia desde la gestión pública, «no para que haga negocio con algunas empresas a costa de la salud de los ciudadanos del Sureste… No tienen el mandato de los vecinos para hacer eso y hacer negocio y por eso secundamos este recurso».
«Más de 200.000 habitantes del Corredor se ven afectados por esta decisión unilateral y prepotente del PP», afirmaba la diputada Teresa González Ausín, para quien la Comunidad de Madrid quiere interponer empresas «que lo único que van a hacer es llevarse beneficios económicos y anteponer el criterio económico al criterio de eficacia y eficiencia». Por eso ha insistido en que hay que paralizar la «ceguera» y la «sordera» del PP. Del mismo modo se pronunciaba Ignacio Benito, Secretario General y portavoz del PSOE de Villa Vallecas, quien subrayaba la importancia de frenar esta «agresiva medida» que afecta a más de 350.000 vecinos…

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