59 municipios de menos de 20.000 habitantes de la región deberán elaborar un plan de prevención contra incendios forestales. El nuevo decreto obliga a municipios de la comunidad de Madrid a elaborar un plan municipal de protección civil contra incendios forestales específico para su territorio. Las localidades elegidas son aquellas que están en zonas de alto riesgo.
Sin embargo, el coste de dicho plan, que debería ser elaborado por una empresa privada especializadas, corre a costa de los municipios.
Además algunos de los requisitos que se piden son imposibles de asumir por muchos municipios con poblaciones de menos de 100 habitantes o envejecidas.
Algunos de estos ayuntamientos ya han comunicado a la Comunidad la imposibilidad de asumir el coste, además de considerar una competencia autonómica y no municipal.
El miércoles 22 de noviembre la Comunidad organizó una jornada con los ayuntamientos implicados para explicarles los planes especiales que tienen que llevar a cabo y allí estaba la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Forestales entregando su tarjetita a los alcaldes.
Los 59 ayuntamientos tienen hasta junio de 2018 para hacer su plan contando, que debe ser ratificado luego por la Comunidad de Madrid. El objetivo del mismo es que los consistorios diseñen «una estructura organizativa y los procedimientos para la respuesta inicial en emergencias por incendios forestales, dentro del territorio de la entidad local que corresponda». Los Gobiernos locales también tienen que organizar «grupos locales para la prevención y primera intervención contra incendios», establecer medidas de información y formación a la población, catalogar los medios y recursos específicos y «poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones».
La ley 27/2013 de 27 de diciembre, «de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», es bastante clara. El artículo 26 señala que solo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben encargarse de la «prevención y extinción de incendios». En los de menos es competencia de la diputación provincial o de la Comunidad en el caso de Madrid (algo que normalmente olvidan en la Comunidad de Madrid).
La Dirección General de Emergencias señalan que estos planes se encuadran en el capítulo de protección civil, competencia exclusivamente municipal. Aunque la mayoría de los municipios no cuentan con una unidad de Protección Civil ni de personal necesario.
A muchos de estos Ayuntamientos se le prohibe contratar personal, aunque no tengan deuda y si superávit, con dinero en caja por la ley de control de gasto.
Habría que preguntarse como ayuntamientos con dos o tres empleados, la mayoría de oficina, podrían afrontar las situaciones de emergencia.

El desconocimiento

Angel Herranz
El problema de estos planes, muy adecuados sobre el papel, es la falta de conocimiento real del terreno donde se va a aplicar. Son documentos y planes elaborados desde despachos alejados de ese terreno, expertos que miran mapas, datos y cifras en papel, pero que desconocen la realidad donde se aplican, los medios reales de los ayuntamientos, tanto técnicos como materiales.
Esto pasa como en la remodelación de las líneas de autobuses de la Sierra, cuando los responsables del Consorcio desconocían que una parada que eliminaban era importantes para los vecinos, par los estudiantes que iban al instituto.
Y eso, porque no habían hecho los deberes antes, no habían conocido la realidad y no habían preguntado si su solución era adecuada, o había otras alternativas válidas.