La Comunidad ha sacado a licitación la gestión de la totalidad de la red de albergues de la Comunidad de Madrid lo que está provocando entre los trabajadores de los centros y la Administración regional. La decisión del Gobierno autonómico -que afectaría a los albergues juveniles Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora- ha provocado el rechazo igualmente de los sindicatos. UGT y CSIT Unión Profesional han sostenido que la medida supondrá un encarecimiento del servicio, pondrá en riesgo su función social y alterará las condiciones laborales de casi 150 trabajadores.

El caso del Albergue de los Batanes, cuyos trabajadores fijos de la Comunidad de Madrid, no tendrían opciones de traslado a puestos de trabajo a menos de 50 kilómetros de Rascafria. Algunos de sus trabajadores están al borde de la jubilación. Además el posible traslado tendría el problema del transporte, al depender en exclusiva de una línea de autobús que no se podría compaginar con sus horarios.  

Afecta a casi 40 trabajadores y familias de las zona de Rascafría, “los cuales nos trasladan de manera forzosa a las vacantes que quedaron y que nadie las quiere, con la dificultad del transporte y lejanía que tenemos” nos señalan los trabajadores.

UGT ha señalado que no existen razones objetivas que avalen la externalización de la gestión de los centros. Según la organización sindical, la privatización responde a una ideología que apuesta por reducir la gestión directa de servicios públicos. «Estamos convencidos de que no existen razones económicas para esta privatización», ha sostenido UGT en una nota de prensa. 

Otra duda es como se gestionarían estos centros, si se pondría por delante el beneficio económico a la labor social que realizan con  centros educativos, asociaciones juveniles o colectivos de personas con discapacidad. “Vienen y hacen actividades medioambientales, conocen la sierra y realizan rutas», ha señalado.

La medida también tendrá perjuicios importantes para las plantillas. Los cuatro albergues emplean aproximadamente a 150 trabajadores entre personal fijo e interino. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha trasladado que no habrá pérdida de empleo público porque los trabajadores serán reubicados en otros recursos de la Administración.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han negado que la medida suponga una privatización de la red de albergues juveniles, supondrá “que los gestionen entidades especializadas del sector del ocio educativo y la hostelería. Una gestión más profesionalizada, flexible, con un refuerzo de las actividades y adaptada a las necesidades reales de unos centros con funcionamiento similar al de establecimientos turísticos”.

El pliego se puede consultar AQUI