La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública

La Plataforma Ecologista Madrileña -formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista Madrileña, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura– ha presentado un extenso escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Considera que la norma no responde al interés general ni garantiza el derecho efectivo a una vivienda digna.

Urgencia legislativa al servicio del negocio inmobiliario

Según la Plataforma, el anteproyecto que modifica seis leyes urbanísticas, territoriales,  medioambientales y sectoriales (carreteras y turismo), se inserta en una dinámica reiterada de legislación urgente, tramitada con plazos mínimos de participación pública, que introduce modificaciones profundas en la normativa urbanística, territorial y ambiental sin debate social ni evaluación rigurosa de sus efectos. “La urgencia se ha convertido en la regla y no en la excepción, vaciando de contenido la planificación urbanística y el control democrático”, señalan.

Las alegaciones denuncian que la ley prioriza sistemáticamente la rentabilidad del promotor privado, mediante cambios de uso, incrementos de edificabilidad y densidad, reducción de estándares (aparcamientos) y eliminación de controles sectoriales, sin reforzar el parque público de vivienda ni garantizar el acceso de los colectivos más vulnerables. En este sentido, recuerdan que la Comunidad de Madrid carece de una verdadera política pública de vivienda, se ha negado a aplicar la Ley estatal de Vivienda y ha apostado por modelos como el Plan Vive, que consideran elitistas, opacos y alejados del interés general.  “Bajo el discurso de la urgencia social se está consolidando un urbanismo de excepción que debilita la planificación pública, reduce garantías ambientales y traslada los beneficios al sector inmobiliario sin resolver el problema de acceso a la vivienda.”

Consolidación de regímenes urbanísticos excepcionales

Uno de los aspectos más criticados es la introducción y progresiva consolidación de regímenes urbanísticos excepcionales inicialmente presentados como temporales. En 2024, con la aprobación de la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, se permitió de forma extraordinaria el cambio de uso de suelos terciarios de oficinas a residencial durante un plazo de dos años. El anteproyecto ahora en tramitación no solo prorroga este régimen, sino que lo amplía a los usos de hospedaje y dotacional privado, incorporando además incrementos de edificabilidad y de densidad de viviendas, al margen de las determinaciones del planeamiento municipal y sin evaluar la posible saturación de servicios públicos, infraestructuras y dotaciones.

Planes territoriales al margen del planeamiento municipal

Paralelamente, la ley refuerza el papel de los Planes Territoriales de competencia autonómica, otorgándoles una capacidad directa para impulsar desarrollos residenciales, superando su función histórica de ordenación estratégica, coordinación supramunicipal y protección territorial. Hasta ahora, estos instrumentos se concebían para planificar infraestructuras, preservar valores ambientales o localizar dotaciones de interés general, mientras que la implantación de vivienda correspondía al planeamiento municipal, que es el ámbito natural para ponderar el modelo urbano, la capacidad de los servicios públicos, la integración territorial y la participación ciudadana. La Plataforma considera que estas modificaciones van encaminadas a desbloquear nuevos desarrollos residenciales aislados en suelo rústico, como los previstos en el entorno de la autovía A-1, con un grave impacto ambiental y paisajístico.

Las vías pecuarias dejan de ser suelo protegido y se debilitan los controles básicos del planeamiento

Las alegaciones alertan de un grave retroceso ambiental y territorial, al introducir el silencio administrativo positivo en ámbitos tan sensibles como carreteras y vías pecuarias y al permitir, además, la aprobación del planeamiento urbanístico sin acreditar previamente la suficiencia del suministro eléctrico. Estas medidas eliminan controles esenciales vinculados a la seguridad vial, a la viabilidad de los desarrollos y a la protección de bienes de dominio público.

Resulta inadmisible que, en nombre de la agilización administrativa, puedan considerarse favorables informes no emitidos en materia de carreteras y accesos viarios, donde errores de diseño o de capacidad tienen consecuencias directas sobre la seguridad de las personas. Del mismo modo, el silencio positivo en vías pecuarias abre la puerta a la pérdida efectiva de este patrimonio público por una incorrecta delimitación o integración en el planeamiento.

Especial preocupación genera la modificación de la Ley de Vías Pecuarias, que sustituye la obligación de clasificar estos trazados como suelo no urbanizable de protección por el uso de conceptos jurídicos indeterminados como “contemplar”, que no garantizan su protección efectiva. Con ello, más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias y unas 23.000 hectáreas de dominio público quedan expuestos a procesos urbanizadores y a una pérdida irreversible de su valor ambiental, territorial y cultural.

Vulneración sistemática de la autonomía local

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia también una vulneración sistemática de la autonomía local, al imponer normas autonómicas de aplicación directa que obligan a los ayuntamientos a pronunciarse expresamente para evitar su aplicación automática, convirtiendo a las entidades locales en meros ejecutores de una política decidida unilateralmente.

“La ciudad no puede reducirse a un contenedor de vivienda. Las personas necesitan vivienda, pero también barrios equilibrados, dotaciones próximas, servicios públicos suficientes y entornos no segregados”, subraya la organización.

Por todo ello, la Plataforma Ecologista Madrileña solicita la retirada íntegra del anteproyecto y la apertura de un proceso participativo para elaborar una política integral de vivienda, basada en la planificación, la sostenibilidad, la justicia social y el respeto al territorio».