La Plataforma Ecologista Madrileña —formada por la Asociación Ecologista para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura— considera que el Anteproyecto de Ley de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid supone una actualización meramente formal de una normativa muy antigua (1942 en pesca y 1970 en caza), pero no introduce avances reales en materia de conservación.

Aunque el anteproyecto incorpora conceptos como censos, planes técnicos o seguimiento poblacional, no establece obligaciones claras ni mecanismos independientes y transparentes que permitan una gestión adaptativa basada en datos verificables. La planificación sigue dependiendo de los titulares y gestores de los cotos (en caza y pesca), sin auditoría científica externa, lo que sitúa a Madrid por detrás de otras comunidades autónomas que ya cuentan con marcos de evaluación más robustos (Navarra, Castilla y León, Andalucía).

Retrocesos en materia de caza

El texto continúa centrado en el aprovechamiento de especies cinegéticas como recurso, sin abordar de forma integral su relación con la salud de los ecosistemas, los efectos del cambio climático, la fragmentación del territorio o el impacto sobre especies protegidas.

La Plataforma considera especialmente preocupante:

• La recuperación de la modalidad de caza de perdiz con reclamo, prohibida actualmente en la Comunidad de Madrid.
• La introducción de aves acuáticas como especies cinegéticas, también hoy prohibidas.
• La creación de la figura del “cazador tutelado”, carente de una regulación detallada y sin requisitos claros de formación, supervisión o seguridad.

Estas medidas suponen un retroceso en la conservación de la biodiversidad y consolidan una visión obsoleta de la gestión de la fauna.

Una regulación de pesca que ignora la crisis ecológica de los ríos madrileños

Los ecosistemas fluviales de la Comunidad de Madrid se encuentran en una situación crítica debido a amenazas acumuladas: barreras fluviales abandonadas, contaminación, reducción de caudales, incremento de temperatura por el cambio climático y proliferación de especies invasoras.

Como consecuencia, especies autóctonas emblemáticas —como la trucha común, la boga, el cacho, la lamprehuela, los calandinos o la colmilleja— han desaparecido de la mayoría de los ríos madrileños (Jarama, Lozoya, Cofio, Manzanares, Henares y Tajo), sobreviviendo únicamente en algunos tramos de cabecera sometidos a una fuerte presión.

Sin embargo, el anteproyecto prioriza la pesca intensiva en cotos privados, basada en la suelta de especies invasoras como la trucha arco iris procedente de piscifactorías. Este modelo, según la Plataforma, agrava la situación de las poblaciones nativas y ha contribuido, por ejemplo, a la práctica desaparición de la trucha común en el río Cofio.

Alegaciones centradas en la protección efectiva de la fauna y los ecosistemas

En sus alegaciones, las entidades ecologistas solicitan:

• El respeto estricto de la normativa sobre especies invasoras, evitando la devolución de ejemplares vivos al agua.
• La implantación de planes de gestión adaptados a las problemáticas específicas de cada río.
• La creación de la figura de “especie amenazada” en el ámbito de pesca fluvial, para adoptar medidas de recuperación allí donde sea necesario, incluyendo el caso de la trucha común.
• La garantía de caudales ecológicos suficientes que permitan la recuperación de las poblaciones autóctonas y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas acuáticos.

Una oportunidad perdida para avanzar en conservación

Para los grupos que integran la Plataforma Ecologista Madrileña, el anteproyecto constituye una oportunidad perdida para impulsar una gestión moderna, transparente y basada en criterios científicos y en necesidades reales para la conservación de ecosistemas. El retroceso en materia de conservación en Madrid es, a juicio de estas organizaciones, alarmante, y se suma a una creciente falta de transparencia en las políticas ambientales.

La Plataforma insta al Gobierno regional a revisar profundamente el texto y a incorporar medidas que garanticen un marco normativo verdaderamente orientado a la conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas madrileños.