Los concejales de la oposición (Partido Popular, SOMOS Rascafría y Oteruelo del Valle) en el Ayuntamiento de Rascafría denuncian públicamente la negativa del alcalde a facilitar el acceso a los expedientes y documentos solicitados en el ejercicio de su labor de control y fiscalización. La denuncia se fundamenta en el artículo 77 de la Ley 7/1985, que reconoce el derecho de los concejales a obtener información de los servicios de la corporación, artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986 y en el artículo 12 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Pese a haber transcurrido los plazos legales de cinco días para motivar una posible negativa, no se ha recibido respuesta alguna, lo que constituye un incumplimiento del deber de transparencia. Esta actitud se produce tras las denuncias de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos presentadas en las últimas semanas, marcando un giro preocupante respecto a la colaboración institucional mantenida en los dos primeros años de legislatura.

El pasado 8 de mayo, tras las denuncias presentadas en el Cuartel de la Guardia Civil de Rascafría por coacción —entendida como la utilización indebida de normativas para obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los cargos electos—, el alcalde remitió un escrito en el que justificaba la denegación del acceso a los expedientes por la ausencia de secretaría-intervención, alegando que era necesaria asistencia técnica y jurídica. Esta afirmación carece de fundamento legal, pues tanto la normativa estatal como la autonómica garantizan expresamente el derecho de los concejales a acceder a la documentación municipal sin necesidad de tales condicionantes. Esta conducta no es un hecho aislado, ya que en el pleno ordinario de febrero se impidió la inclusión en el orden del día de mociones presentadas correctamente por los grupos políticos con el pretexto, igualmente infundado, de la falta de informe jurídico.

Esta dinámica de obstrucción no solo afecta a los cargos electos, sino también al personal funcionario del Ayuntamiento, al que se le ha retirado el acceso a programas informáticos y registros administrativos imprescindibles para el desarrollo ágil y eficaz de sus funciones. Esta limitación entorpece gravemente la gestión ordinaria de los servicios municipales y repercute negativamente en la atención a los vecinos y vecinas y en los proyectos de desarrollo de Rascafría y Oteruelo del Valle. Desde la oposición se exige la inmediata restitución del acceso a la información y se advierte del riesgo democrático que supone impedir a los representantes legítimos de los vecinos el ejercicio de su función de control.