Yolanda Aguirre Gómez. Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Popular. Ayto. Rascafría.

Porque recuerden, queridas vecinas y vecinos: no es valentía, es decencia.

Queremos hablaros con claridad sobre lo que está ocurriendo en nuestro Ayuntamiento, a fecha 28 de octubre , que es cuando escribo este comunicado.

El pasado 20 de octubre presentamos un escrito oficial al alcalde para denunciar lo que consideramos un proceso de contratación completamente irregular de nuevo personal municipal. No solo por innecesario, dado el personal ya existente y contratado, sino también por falta de transparencia y graves errores de forma que pueden afectar a la legalidad del proceso.

Hoy 29 de octubre, he recibido un comunicado del Ayuntamiento, sin firma, pero entiendo que del alcalde, cuando no se ha permitido a los concejales de la oposición ver el expediente completo.

En lugar de dar explicaciones por los cauces oficiales, el alcalde ha publicado un vídeo en redes sociales en el que niega todo, sin aportar documentos, pruebas ni permitiendo el debate ni la participación de los concejales. Un gesto más que se suma a una forma de gobernar basada en el silencio y la opacidad.

Los vecinos tenéis derecho a saber cómo se están tomando las decisiones en nuestro Ayuntamiento. Y nosotros, como representantes públicos elegidos, tenemos la obligación y el deber de vigilar que se cumpla la ley, que se respete el dinero público y que todo se haga de forma justa, abierta y transparente.

Hoy, hemos recibido respuesta a esa denuncia que contestaremos. Lo único que hemos visto es que ayer, 28 de octubre, el propio Alcalde ha tenido que publicar una “rectificación de errores” reconociendo que las bases que se habían aprobado estaban mal redactadas, tenían anexos que no existían y plazos poco claros. Es decir, se confirma lo que ya advertimos: que el expediente estaba mal hecho.

Pero eso no es todo. A pesar de los errores, el Ayuntamiento sigue adelante con el proceso, sin subsanar lo esencial, sin transparencia y sin las garantías que exige la ley.

Además, desde hace meses —concretamente desde el 31 de marzo—, no se nos permite acceder a expedientes clave. Esto supone negar nuestro derecho como concejales a cumplir nuestra función de vigilar cómo se gestionan los recursos públicos. Esta negativa se justifica, de forma poco creíble, usando la Ley de Protección de Datos, algo que no puede aplicarse para ocultar información a los representantes públicos.

Queremos que lo sepáis, porque este no es un asunto menor: hablamos de cómo se crean puestos públicos, de cómo se gasta el dinero de todos y de si se respetan o no las normas que garantizan la igualdad de oportunidades. No hay necesidad real. Hay excusas mal disfrazadas.

Una de las grandes justificaciones del alcalde para contratar ahora a más personal es que “hay que gestionar el PSTD”, un proyecto financiado con fondos europeos por un importe de 1.700.000 euros, presentado en la pasada legislatura. Pues bien, este proyecto ni lo diseñó el actual alcalde, ni lo ha impulsado, ni lo ha gestionado hasta ahora. De hecho, cuando llegó al cargo intentó renunciar a él, y durante más de dos años no ha movido un solo papel para sacarlo adelante.

Hoy, cuando quedan seis meses para que finalice el plazo, pretende hacernos creer que de repente “falta personal” para gestionarlo. Pero la realidad es otra:

• El proyecto ya incluye financiación para una empresa de asistencia técnica que lleva años trabajando.

• El Ayuntamiento cuenta con funcionarios comprometidos y capaces, a quienes sí debemos agradecer el avance logrado. Al arquitecto técnico, el responsable de subvenciones, el responsable de personal y el responsable de contabilidad y presupuesto.

• Además, ya hay dos técnicos eventuales contratados por el propio alcalde (un arquitecto técnico y un ingeniero), y dos abogados externos más.

Entonces, ¿realmente hacen falta más contrataciones?

No. Lo que hace falta es voluntad política, planificación y respeto por la inteligencia de los vecinos.

Lo que no vamos a permitir es que se use una excusa a última hora para repartir contratos entre personas del entorno cercano, ni que se nos trate como si no supiéramos ver lo evidente. Los recursos públicos son de todos, y gestionarlos bien es una obligación, no un capricho del momento. Sería interesante saber quiénes se han presentado ya como candidatos.

¿El PIR como excusa? Otra más que no se sostiene.

Otro de los argumentos que utiliza el alcalde para intentar justificar nuevas contrataciones es el Plan de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid. Pero, como bien sabemos todos, una vez decidido el proyecto que se va a ejecutar, el trabajo del Ayuntamiento se centra exclusivamente en la preparación de la licitación: redactar los pliegos, tramitar el expediente, adjudicar y dar de alta la actuación en el sistema de la Comunidad.

Este procedimiento lo ha hecho siempre el personal municipal, sin que se haya necesitado en el pasado ninguna contratación extraordinaria. Y lo han hecho bien, con responsabilidad y profesionalidad.

La pregunta que hay que hacerse es clara:

¿Cuánto dinero del PIR queda realmente por ejecutar en este momento que justifique incorporar más personal? Porque si la respuesta es que ya está casi todo comprometido, adjudicado o en marcha, no tiene ningún sentido inflar la plantilla a estas alturas, y mucho menos a costa del bolsillo de los vecinos o para repartir contratos a medida.

No vamos a aceptar que se usen palabras como “urgencia” o “necesidad” para enmascarar decisiones que no responden al interés general, sino al interés personal. Y mucho menos cuando existen mecanismos, personal y herramientas más que suficientes para cumplir con las obligaciones del PIR, tal y como se ha hecho siempre.

Sobre amenazas, servicios jurídicos y el dinero de todos

En el ejercicio de mi labor como concejala de la oposición y portavoz del Grupo Municipal Popular, he recibido amenazas públicas por parte del alcalde, advirtiéndome de que está estudiando acciones legales contra mi persona por supuestamente atentar contra su imagen y honor.

Ante esto, quiero dejar algo muy claro:

Mi deber es fiscalizar la acción del gobierno local, denunciar lo que no se ajusta a la legalidad y defender el interés general. Eso no es un ataque personal: es democracia.

El alcalde también ha anunciado que su servicio jurídico está estudiando nuestras declaraciones. Bien. Pues le informo de que el Partido Popular también dispone de un equipo jurídico que está revisando en detalle sus decisiones, decretos y contratos.

La diferencia es importante:

• El nuestro lo pagan nuestros afiliados.

• El suyo, lo pagamos todos los vecinos.

Porque el alcalde ha decidido contratar todo un despacho externo de abogados para asesorarle. ¿A cuánto asciende esa factura anual? ¿Cuánto nos cuesta a todos los vecinos defender jurídicamente decisiones que podrían evitarse si simplemente se actuara con arreglo a la ley?

Si el alcalde hiciera su trabajo respetando la normativa que rige a cualquier administración pública, los vecinos no tendrían que pagar ese asesoramiento jurídico adicional. Ese dinero podría destinarse a mejorar servicios, apoyar a quienes más lo necesitan o mantener nuestro pueblo en mejores condiciones.

Y ya que hablamos de gastos pagados por todos, conviene recordar que también estamos destinando alrededor de 1.300 euros al mes a una empresa de comunicación contratada por el propio alcalde. ¿Su función? Entre otras cosas, promocionar su imagen personal, como en el reciente vídeo que ha difundido en redes sociales para negar los hechos que venimos denunciando.

¿Es esta la prioridad en un municipio como el nuestro? Como representante pública, no voy a dejar de ejercer mis derechos ni a callar ante lo que considero un uso indebido del poder y del dinero público. Y desde luego, no me van a intimidar ni a silenciar con amenazas legales.

Y con esto y un informe jurídico, hasta el próximo Pleno.

Rascafría 29 de octubre de 2025.

Fdo. Yolanda Aguirre Gómez. Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Popular. Ayto. Rascafría.