En 2019 las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) pactaron el calendario de cierre de las centrales nucleares. A fecha de hoy no ha habido ninguna solicitud formal para abordar la modificación de dicho calendario. 

España planificó su modelo energético hasta 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una planificación a la que nuestro país estaba obligada a presentar por mandato de la Comisión Europea en diciembre de 2018 y del que no se había escrito una sola línea hasta junio de 2018. 

En dicho plan aparece el cierre progresivo de las centrales nucleares, con las energías renovables, la eficiencia energética y el almacenamiento como principales herramientas para avanzar en los objetivos de descarbonización de la economía, de lucha contra la emergencia climática y la protección del medio ambiente, tal como exigen nuestros compromisos internacionales. 

Los resultados están ahí. En 2024 la generación de energía eléctrica con renovables fue del 56,8%. En lo que llevamos de 2025 es del 58,9% y en 2030 será del 81%, una energía barata, limpia y competitiva, una historia de éxito de nuestro país 

Además de la inexistencia de una petición para alargar la vida útil de las centrales nucleares, tampoco existe ninguna empresa que haya planteado la construcción de una nueva. Lo único que han pedido las empresas es una bajada de impuestos y la reducción de la tasa de residuos radiactivos que sería injustamente financiada por los consumidores, es decir, los ciudadanos. 

En este escenario el Consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid realizó unas declaraciones en las que proponía que en nuestra región albergáramos un reactor nuclear. A la vez, el PP de Madrid, en Torrelodones, proponía la construcción de nuevas centrales nucleares. Y mientras, la señora Ayuso reivindicaba la energía nuclear en su reciente viaje a París. 

Todo ello de forma irresponsable sin valorar los efectos negativos de una instalación de estas características, su elevado coste, quién lo financia ni qué hacer con los residuos radiactivos que suponen una hipoteca de miles de años para las futuras generaciones, ignorando intencionadamente el principio de quien contamina paga. 

Por ello es necesario la transparencia y la participación de los ciudadanos para que sean conocedores de los planes de la Comunidad de Madrid para sus municipios. 

Este debate ya superado en nuestro país se ha vuelto a abrir de forma interesada por los intereses comunes que comparten las grandes empresas con el Partido Popular. Debemos reafirmarnos que la energía nuclear no representa una solución ni viable, ni segura, ni barata, para el futuro energético de España. 

Cualquier intento de promover la construcción de centrales nucleares o un almacén de residuos radiactivos en el territorio de la Comunidad de Madrid supondría una amenaza innecesaria para la seguridad y el bienestar de la población madrileña. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento XXX propone: 

Rechazar cualquier iniciativa que promueva la instalación de centrales o reactores nucleares en el término municipal de XXX. 

E instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que: 

Sea transparente con sus planes en la ubicación de centrales o reactores nucleares y sus respectivos centros de almacenaje de residuos. 

Se alinee con el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares y refuerce su compromiso con las energías renovables, tal como aparece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

Solicite al Gobierno de España que continúe impulsando políticas de transición energética justa, priorizando la inversión en energías limpias, redes inteligentes y almacenamiento energético. 

Promueva desde el ámbito regional y municipal campañas de concienciación ciudadana sobre los riesgos de la energía nuclear y los beneficios de un modelo energético sostenible.